En Ecuador son cada vez más frecuentes los episodios de justicia por mano propia, pese a que el país permanece bajo constantes estados de excepción y medidas extraordinarias de seguridad derivadas del denominado conflicto armado interno. Lo que debía generar tranquilidad y confianza en las instituciones ha provocado el efecto contrario. En numerosos barrios del país aparecen carteles que advierten a los delincuentes que serán castigados o incluso ajusticiados si son sorprendidos cometiendo delitos. Solo en lo que va de 2026 se han reportado decenas de casos en provincias como Pichincha, Tungurahua, Azuay, Napo y Morona Santiago. Para especialistas consultados, este fenómeno evidencia que la crisis de la Función Judicial ha comenzado a trasladarse a las calles, donde ciudadanos desesperados optan por impartir castigos por cuenta propia. La desconfianza en la justicia alimenta los linchamientos Los casos incluyen agresiones colectivas, castigos públicos y linchamientos en los que los ciudadanos deciden actuar sin esperar la intervención de la Policía, la Fiscalía o los jueces. En estos episodios no existe un debido proceso ni garantías para determinar si la persona acusada realmente cometió el delito. El constitucionalista Santiago Machuca considera que uno de los factores determinantes es la profunda desconfianza hacia el sistema de justicia. Machuca advierte además que cuando las autoridades relativizan los derechos humanos o utilizan discursos que justifican la violencia, envían un mensaje que puede legitimar comportamientos similares en la población. La violencia se ha normalizado en la sociedad ecuatoriana El sociólogo y catedrático Cristian Arteaga coincide en que existe una creciente pérdida de confianza en la administración de justicia. A su criterio, los escándalos judiciales registrados en los últimos meses han profundizado la percepción ciudadana de impunidad y abandono institucional. Arteaga sostiene que la violencia se ha normalizado en distintos espacios de la vida cotidiana. “Esto se refleja en las relaciones interpersonales, comunitarias, en el sistema educativo, en la política e incluso en las instituciones públicas. Se ha instalado una cultura donde los conflictos se resuelven mediante agresiones, insultos o golpes”, afirma. A esta percepción se suma el impacto emocional provocado por asesinatos, robos, secuestros y extorsiones, que generan miedo, indignación y deseos de castigo inmediato. La justicia por mano propia también puede llevar a prisión Aunque algunos sectores consideran estos actos como una forma de protección comunitaria, la legislación ecuatoriana no reconoce la denominada “justicia por mano propia”. Por el contrario, quienes participan en linchamientos o agresiones colectivas pueden enfrentar graves consecuencias penales. Machuca recuerda que la justicia por mano propia puede derivar en delitos como lesiones, homicidio o asesinato, dependiendo de las circunstancias del hecho. Lo que dice el COIP sobre los linchamientos El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 140 que el asesinato cometido durante concentraciones masivas, tumultos o conmoción popular puede ser sancionado con penas de hasta 26 años de prisión. Esta disposición puede aplicarse en casos de linchamientos donde una multitud participa en la muerte de una persona. Cuándo aplica la legítima defensa en Ecuador La legislación ecuatoriana sí contempla la legítima defensa, prevista en el artículo 33 del COIP. Sin embargo, esta figura jurídica tiene requisitos estrictos y debe ser calificada por las autoridades competentes. Para que exista legítima defensa deben concurrir tres elementos fundamentales: Existencia de una agresión actual e ilegítima. Necesidad racional y proporcional de la defensa. Que la persona que se defiende no haya provocado previamente la agresión. La defensa únicamente es legítima cuando ocurre durante el ataque o de manera inmediata para evitar el daño. Una vez que la amenaza ha cesado, cualquier agresión posterior puede constituir un delito. Un síntoma del debilitamiento institucional Para los expertos, el incremento de los casos de justicia por mano propia no representa una solución a la inseguridad, sino una evidencia del deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y administrar justicia. Lejos de reparar el daño causado por la delincuencia, estas acciones pueden generar nuevas víctimas, profundizar la impunidad y alimentar un ciclo de violencia cada vez más difícil de controlar.